REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 1133 de 2026

 

Referencia: expediente D-15.989

 

Asunto: examen de pertinencia de la recusaci�n formulada en contra del conjuez Carlos Pablo M�rquez Escobar

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogot� D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a resolver sobre la pertinencia de la solicitud de recusaci�n formulada por el ciudadano Germ�n Calder�n Espa�a, en contra del conjuez Carlos Pablo M�rquez Escobar, para lo cual dicta el siguiente

 

AUTO

 

I.             ���ANTECEDENTES

 

1.             Tr�mite procesal en el expediente D-15989 y hechos relevantes

 

1.                 La demanda. El 18 de julio de 2024, Paloma Susana Valencia Laserna present� demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, �[p]or medio de la cual se establece el Sistema de Protecci�n Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen com�n, y se dictan otras disposiciones�. La demandante formul� tres cargos de inconstitucionalidad: el primero alegaba la existencia de un vicio de procedimiento que afectaba la totalidad de la ley; los cargos segundo y tercero presentaban cuestionamientos de fondo contra algunos art�culos[1]. Mediante auto del 13 de agosto de 2024, el entonces magistrado ponente, Jorge Enrique Ib��ez Najar, admiti� la demanda.

 

2.                 Auto 841 de 2025. El 17 de junio de 2025, la Sala Plena profiri� el Auto 841 de 2025. La Corte encontr� que los cargos segundo y tercero no cumpl�an con los requisitos de aptitud. En consecuencia, limit� el an�lisis de fondo al primer cargo. Respecto de este �ltimo, la Corte concluy� que durante el segundo debate en la plenaria de la C�mara de Representantes se present� un vicio de procedimiento en la formaci�n de la ley, consistente en el incumplimiento del deber de deliberaci�n m�nima, derivado de (i) la declaratoria de suficiente ilustraci�n y cierre del debate y (ii) el desconocimiento de las reglas de discusi�n y aprobaci�n fijadas por la mesa directiva para ordenar el debate. Con todo, la Sala Plena concluy� que el vicio era subsanable, ya que se hab�an cumplido las etapas b�sicas o estructurales del proceso y no se evidenci� una �afectaci�n radical en materia de transparencia, representaci�n y deliberaci�n�. �Por lo tanto, orden� la devoluci�n de la Ley 2381 de 2024 a la C�mara de Representantes para su subsanaci�n.

 

3.                 Convocatoria y tr�mite de subsanaci�n. El comunicado de prensa del Auto 841 de 2025 fue publicado el 27 de junio de 2025[2]. Ese mismo d�a, el Presidente de la Rep�blica convoc� a la C�mara de Representantes a sesiones extraordinarias, con el prop�sito de cumplir con la orden de subsanaci�n prevista en el resolutivo segundo del Auto 841 de 2025[3]. En desarrollo de esa convocatoria, la Secretar�a General de la C�mara de Representantes cit� a sesi�n plenaria extraordinaria para las 7:00 p.m. del 27 de junio de 2025. La C�mara de Representantes adelant� el tr�mite de subsanaci�n en sesiones plenarias extraordinarias celebradas los d�as 27 y 28 de junio de 2025. Finalmente, el 21 de julio de 2025, el entonces presidente de la C�mara de Representantes, Jaime Ra�l Salamanca Torres, remiti� a la Corte Constitucional el informe de cumplimiento de lo ordenado en el Auto 841 de 2025[4].

 

4.                 Designaci�n de un conjuez y sorteo. En sesi�n de la Sala Plena celebrada el 24 de noviembre de 2025, se dispuso la designaci�n de un conjuez para resolver el proceso de la referencia[5]. Una vez realizado el sorteo, result� seleccionado el conjuez Carlos Pablo M�rquez Escobar[6]. Por medio de oficio del 12 de diciembre de 2025[7], la Secretar�a General inform� que el 11 de diciembre de 2025 se recibi� un escrito mediante el cual el conjuez M�rquez Escobar acept� su designaci�n[8]. Luego, el 18 de febrero de 2026, el conjuez se posesion�.

 

5.            Cambio de ponente. Mediante Auto 203 del 18 de febrero de 2026, la Sala Plena de la Corte Constitucional declar� fundado el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ib��ez Najar para participar en la discusi�n y decisi�n del expediente de la referencia^[9]. El 20 de febrero siguiente, la Secretar�a General de la Corte remiti� el expediente D-15989 al despacho de la magistrada sustanciadora^[10].

 

2.             El escrito de recusaci�n

 

6.                 Por medio de oficio del 9 de diciembre de 2025, la Secretar�a General inform� que el ciudadano Germ�n Calder�n Espa�a present� escrito en el que recus� al conjuez Carlos Pablo M�rquez Escobar[11]. El ciudadano argument� que el conjuez se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral noveno del art�culo 141 del C�digo General del Proceso^[12], seg�n la cual es causal de recusaci�n �[e]xistir enemistad grave o amistad �ntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado�. Seg�n el escrito, el 6 de diciembre de 2025, la Revista Semana inform� sobre �la cercana relaci�n entre Miguel Polo�[13] y el conjuez. A juicio del recusante, esto �evidencia una amistad �ntima entre el conjuez Pablo M�rquez y el magistrado Miguel Polo, conocido en forma p�blica y notoria como un magistrado apoyado por el Gobierno Petro y ascendente a esa ideolog�a gobiernista�[14].

 

7.                 El 20 de febrero de 2026, la Secretar�a General de la Corte Constitucional remiti� el expediente digital D-15.989, junto con el escrito de recusaci�n formulado por el ciudadano Germ�n Calder�n Espa�a, al despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera[15].

 

II.          �CONSIDERACIONES

 

1.        Competencia

 

8.                 De acuerdo con lo previsto en los art�culos 27, 28 y 29 del Decreto 2067 de 1991, as� como en el art�culo 5, literal j, y 94 del Acuerdo 01 de 2025 de la Corte Constitucional, la Sala Plena es competente para decidir los impedimentos y las recusaciones formulados contra los magistrados y conjueces que la integran[16].

 

2.       R�gimen de impedimentos y recusaciones en los procesos de control abstracto de constitucionalidad. Reiteraci�n de jurisprudencia[17]

 

2.1.     La regulaci�n de los impedimentos y recusaciones en el Decreto 2067 de 1991

 

9.                 El Cap�tulo V del Decreto Ley 2067 de 1991 regula los impedimentos y recusaciones de los magistrados, magistradas y conjueces de la Corte Constitucional en los procesos de constitucionalidad. Los impedimentos son un mecanismo procesal por virtud del cual se otorga al juez la �facultad excepcional�^[18] para �separarse del conocimiento de un asunto espec�fico, siempre que considere que existen motivos fundados que comprometan seriamente la imparcialidad de su juicio�^[19]. Las recusaciones, por su parte, son un derecho subjetivo procesal de las partes, que las habilita para solicitar que el magistrado o conjuez se aparte del proceso por encontrarse en una situaci�n que afecta su independencia o imparcialidad[20]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los impedimentos y recusaciones materializan los principios de independencia e imparcialidad judicial en los procesos de constitucionalidad, los cuales constituyen un pilar esencial de la administraci�n de justicia^[21], as� como una garant�a esencial del debido proceso[22].

 

10.             El r�gimen de impedimentos y recusaciones en los procesos de constitucionalidad se rige por los principios de taxatividad y excepcionalidad[23]. La taxatividad implica que solo constituyen causales de impedimento y recusaci�n aquellas previstas en los art�culos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991[24]. El principio de excepcionalidad, por su parte, supone que las causales de impedimento son de interpretaci�n restrictiva^[25]. En este sentido, la Corte Constitucional ha enfatizado que debe existir una relaci�n inescindible entre los hechos alegados y la causal de impedimento o de recusaci�n invocada^[26]. Por lo tanto, se excluyen como eventos de impedimento o recusaci�n aquellos que resulten de razonamientos anal�gicos o fundados en una extensi�n teleol�gica de las causales^[27]. Los principios de taxatividad y excepcionalidad buscan garantizar el adecuado funcionamiento de la administraci�n de justicia y evitar que las causales previstas en la ley �se conviertan en una facultad caprichosa o arbitraria de los jueces�^[28] o de las partes. Por esta raz�n, ha dicho la Corte que �a los jueces no les est� permitido separarse por su propia voluntad de las funciones que les han sido asignadas, y a las partes no les est� dado escoger libremente la persona del juzgador�[29].

 

2.2.     El tr�mite de las recusaciones

 

11.             El tr�mite de las recusaciones contra los magistrados, magistradas y conjueces de la Corte Constitucional en los procesos de control abstracto de constitucionalidad cuenta con una �regulaci�n espec�fica, aut�noma e integral�^[30]. Conforme al art�culo 29 del Decreto 2067 de 1991, el tr�mite tiene dos etapas: pertinencia y fondo[31]. La fase de pertinencia es una etapa �previa al estudio material de las causales de recusaci�n�[32], cuyo objeto es evaluar si la solicitud re�ne las condiciones m�nimas para iniciar el incidente[33]. Estos requisitos son: (a) la legitimaci�n en la causa por activa, (b) la oportunidad y (c) el cumplimiento de la carga de argumentaci�n:

 

 

12.             El art�culo 29 del Decreto 2067 de 1991 dispone que, en caso de que la solicitud cumpla con estos requisitos de pertinencia, la Corte iniciar� el incidente de recusaci�n. En caso contrario, es decir, si la solicitud no cumple con alguno de dichos requisitos, la Corte deber� rechazarla. Por lo dem�s, este tribunal ha resaltado que, si se constata que el solicitante carece de legitimaci�n en la causa por activa, �[e]sto releva a la Sala Plena de estudiar el cumplimiento de los requisitos de oportunidad o carga argumentativa�[43].

 

3.     Examen de la recusaci�n formulada por el ciudadano Germ�n Calder�n Espa�a contra el conjuez Carlos Pablo M�rquez Escobar

 

13.             La Sala Plena considera que la solicitud de recusaci�n no cumple con el requisito de legitimaci�n. Esto es as�, porque el ciudadano Germ�n Calder�n Espa�a (i) no es la parte demandante y (ii) no tiene la condici�n de interviniente en el presente proceso, puesto que no present� intervenci�n ciudadana durante el t�rmino de fijaci�n en lista[44]. Por esta raz�n, la solicitud no es pertinente y la Sala Plena la rechazar�. Por lo dem�s, en atenci�n al incumplimiento de este requisito, la Sala Plena estima innecesario proseguir con el examen de los requisitos de oportunidad y carga argumentativa.

 

III.      DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias legales,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. RECHAZAR, por falta de pertinencia, la solicitud de recusaci�n presentada por el ciudadano Germ�n Calder�n Espa�a contra el conjuez Carlos Pablo M�rquez Escobar en el expediente D-15.989, por las razones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO. Contra esta providencia no proceden recursos.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase,

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

Con impedimento aceptado

 

 

CARLOS PABLO MARQUEZ ESCOBAR

Conjuez

No participa

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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